Hoy vence plazo para que empresarios se ajusten a Ley de Costos y Precios Justos

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Caracas, Maoly Aldana-Notihoy (Economía) - Caracas, Maoly Aldana-Notihoy (Economía) La Ley de Costos y Precios Justos ya está en vigencia y aún existen muchas interrogante en cuanto a esta normativa que aplica a toda actividad económica (importación, producción, comercialización), debido a que no existe reglamentos ni normas claras que le permita a las empresas trabajar sin riesgos. Esta normativa legal se acopla al Plan de la Patria. Este lunes 10 de febrero vence el plazo para que empresarios y comerciantes del país se ajusten a esta ley que establece ganancias máximas de 30%.

 

Qué pasa con aquellas personas naturales y jurídicas que no están registradas en la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde). Si la persona natural o jurídica en alguna actividad económica no está registrada no tendrá certificado de precio justo; y ese documento será necesario para tener acceso a la divisa o para realizar otro trámite tal y como lo establece la ley en el artículo 33.

Esta nueva Ley crea tres controles: el control del precio, el control de márgenes máximos de ganancias y la creación de un nuevo Registro de Empresas y establece claramente cuáles son las sanciones que serán aplicadas a aquellos quienes incumplan con la normativa.

Por ejemplo, el artículo 7 de la Ley de Costos y Precios Justos señala que el Ejecutivo Nacional puede iniciar procedimiento expropiatorio cuando hayan cometido ilícitos. “Se declaran y por lo tanto son de utilidad pública e interés social, todos los bienes y servicios requeridos para desarrollar las actividades de producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de bienes y prestación de servicios”.

Asimismo, indica que “en todo caso, el Estado podrá adoptar medida de ocupación temporal e incautación de bienes mientras dure el procedimiento expropiatorio, la cual se materializará mediante la posesión inmediata, puesta en operatividad, administración y el aprovechamiento del establecimiento, local, bienes, instalaciones, transporte, distribución y servicios por parte del órgano o ente competente del Ejecutivo Nacional, a objeto de garantizar la disposición de dichos bienes y servicios por parte de la colectividad. El órgano o ente ocupante deberá procurar la continuidad de la prestación del servicio o de las fases de la cadena de producción, distribución y consumo, de los bienes que corresponda”.

En Venezuela, en estos 14 años, el gobierno nacional sin declarar la utilidad pública ha realizado varias expropiaciones. El artículo 7 deja claramente que ahora sí hay norma legal para hacerlo y que cualquier empresa desde un abasto hasta un establecimiento grande que no cumpla con la normativa podrá ser expropiada. Ahora bien, esta norma podría contrariar el artículo 115 de la Constitución que establece: “Sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes” ya que la ley no contempla el pago oportuno antes de la pérdida de los derechos inherentes a la propiedad.

En entrevista a Notihoy, Aura Marina Palermo, la directora de la firma AP Consulting Group, advierte que La ley de Costos y Precios Justos es un nuevo control de la actividad económica. Cree que el Centro Nacional de Comercio Exterior es un nuevo control que se ha instalado sobre un control de cambio que tenía 10 años y además es un control de comercio exterior.

Alertó que actualmente las importaciones en Venezuela son un deporte extremo, porque “tenemos dos gacetas que hablan de un contrato de fiel cumplimiento para acceder a las divisas. Tenemos la gaceta de Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex), que pone como requisito indispensable para importar no discrimina si Cadivi o Sicad, posteriormente te ponen un modelo de fianza y tampoco aclara si es Cadivi o Sicad, posteriormente tenemos una Gaceta de Ley y Precios Justos que también te habla de un contrato de fiel cumplimiento para importaciones y tampoco me dice cómo hacerlo y en qué mecanismo”.

Palermo, cree que debe existir una transitoriedad donde proteja por escrito a las empresas mientras se establezcan los mecanismos y reglamentos. “Las empresas están viendo los riesgos que existen y muchos estaban esperando la ley para reponer inventarios sin tomar en cuenta la deuda que tenga Cadivi, proveedores están cerrando las líneas de créditos. Existe una migración de data de Cadivi al Cencoex que ha hecho lenta la autorización para la adquisición de divisas”.

El presidente de Fedecámaras, Jorge Roig, indicó a GMT radio por el circuito kiss fm, que se “trata de una ley peligrosísima que va a tener graves consecuencias para la economía. No las metieron de contrabando. Tenemos mucha frustración porque vemos como las sociedades están avanzando hacia la apertura de una economía. Aquí se busca la centralización de la economía”.

La Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) presentará ante el tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un recurso de nulidad contra la Ley Orgánica de Precios Justos, por considerarla inconstitucional.

Por otra parte, Aura Marina Palermo, insiste en la necesidad de un mercado lícito que ampare la necesidad que no será abarcada ni por la tasa a 6.3 ni por Sicad. “Los empresarios deberían pedir un mercado lícito, controlado a la tasa de cambio que al ejecutivo le sea conveniente. El Sicad es un mecanismo para unas cosas puntuales no me ampara todo. Lo grave del cupo viajero no es que te bajaron el monto es que, si yo tengo necesidad de más a qué mercado legal voy a comprarlo”, indicó.

 

El vicepresidente para el área económica, Rafael Ramírez, informó que modificarán la Ley de Ilícitos Cambiarios para despenalizar el mercado de permuta.

 

''Se va permitir que no solo el estado sea el que aporte las divisas, si no que otros sectores privados puedan colocar divisas y hacer sus transacciones y permutas'' dijo.

 

Ramírez aseguró que en cuestión de horas se harán efectivos los cambios anunciados ayer, cuando se hagan públicas las nuevas providencias.

 

Luego de ser absorbida la SUNDECOP y el INDEPABIS, esta ley será aplicada por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos (SUNDDE), la cual contará con dos Intendencias, encargadas respectivamente del control de precios, costos y ganancias, y de la defensa de los consumidores y usuarios.

 

 

La Ley establece sanciones para 30 ilícitos entre sustantivos y genéricos, en el ámbito de las actividades económicas de producción, distribución y comercialización de bienes y servicios. Destaca la pena de prisión entre 2 y 14 años, de acuerdo al delito cometido. La más graves, como el de contrabando de extracción, el boicot y la desestabilización económica será de 14 años.Las infracciones serán multadas con entre 200 y 50.000 UT, con la suspensión temporal en el registro de personas que desarrollan actividades económicas y con la ocupación temporal o intervención de almacenes, depósitos, industrias, comercios, transporte de bienes por un lapso de hasta 180 día.

 

Artículos que usted debe leer:

Artículo 32: El margen máximo de ganancia será establecido anualmente, atendiendo criterios científicos, por la SUNDDE, tomando en consideración las recomendaciones emanadas de los Ministerios del Poder Popular con competencia en las materias de Comercio, Industrias y Finanzas. En ningún caso, el margen de ganancia de cada actor de la cadena de comercialización excederá de treinta (30) puntos porcentuales de la estructura de costos del bien o servicio.

La SUNDDE podrá determinar márgenes máximos de ganancia por sector, rubro, espacio geográfico, canal de comercialización, actividad económica o cualquier otro concepto que considere, sin que éstos superen los máximos establecidos en el presente artículo.

A fin de favorecer las industrias nacientes, o fortalecer alguna industria existente, el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros, podrá revisar y modificar el margen máximo de ganancia regulado en esta Ley, considerando las recomendaciones de la Vicepresidencia Económica de Gobierno o de la SUNDDE.

Aura Marina Palermo, considera que este artículo se trabaja bajos supuestos debido a que no aclara a que se refieren al margen de ganancias.

Artículo 12: Considerado grave pues violaría del debido proceso, establece que se pueden “practicar inspecciones de oficio o por denuncias, a los inmuebles destinados a la producción, importación, distribución, comercialización, almacenamiento, acopio, recintos aduanales o depósito de bienes propiedad de los sujetos de aplicación, así como en los destinados a la prestación de servicios” y “requerir el auxilio de la fuerza pública cuando lo considere necesario para la ejecución y trámite de los procedimientos de Inspección y cumplimiento de la presente ley”.

Artículo 34: La funcionaria o el funcionario competente, bien de oficio o con fundamento en denuncia que hubiere sido interpuesta ante la oficina a su cargo, podrá ordenar y dar inicio a la inspección para el cumplimiento de las regulaciones en materia de precios y márgenes razonables de ganancia.

Artículo 35: La notificación se efectuará en alguno de los responsables o representantes de los sujetos de aplicación de esta Ley. En todo caso, la ausencia de la interesada o interesado o sus representantes, o la imposibilidad de efectuar la notificación, no impedirá la ejecución de la inspección ordenada, dejándose constancia por escrito de tal circunstancia, entregando copia del acta y la notificación al que se encuentre en dicho lugar.

Artículo 44: Para los efectos de la presente Ley se entenderán como infracciones, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en ella, su Reglamento, y demás normas dictadas por la SUNDDE, de conformidad con lo dispuesto en el presente Capítulo. Aun no existe reglamento.

Artículo 45: Las sanciones aplicables a las infracciones de la presente Ley son las siguientes:

1. Multa, la cual será calculada sobre la base de Unidades Tributarias.

2. Suspensión temporal en el Registro Único de Personas que Desarrollan Actividades Económicas.

3. Ocupación temporal con intervención de almacenes, depósitos, industrias, comercios, transporte de bienes, por un lapso de hasta ciento ochenta (180) días.

4. Cierre temporal de almacenes, depósitos o establecimientos dedicados al comercio, conservación, almacenamiento, producción o procesamiento de bienes, por un lapso de hasta ciento ochenta (180) días.

5. Clausura de almacenes, depósitos y establecimientos dedicados al comercio, conservación, almacenamiento, producción o procesamiento de bienes.

6. Confiscación de bienes, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

7. Revocatoria de licencias, permisos o autorizaciones, y de manera especial, los relacionados con el acceso a las divisas.

Para la imposición de las sanciones, se tomarán en cuenta los principios de equidad, proporcionalidad y racionalidad; considerándose a estos efectos la gravedad de la infracción, la dimensión del daño, los riesgos a la salud, la reincidencia y la última declaración del ejercicio fiscal anual.

Las sanciones aquí previstas no eximirán a las infractoras o los infractores sancionados, de su responsabilidad civil, penal o administrativa.

En el caso de la imposición de la sanción de cierre temporal, la infractora o el infractor continuará pagando los salarios a las trabajadoras o trabajadores y demás obligaciones laborales y de la seguridad social por el tiempo en que se mantenga la medida..

La suspensión del Registro Único de Personas que Desarrollan Actividades Económicas, se realizará por un período de tres (03) meses a diez (10) años, según la gravedad del caso. Esta sanción implicará también la suspensión de las demás licencias, permisos, prohibición de acceso de divisas y autorizaciones emitidas por otros órganos y entes de la Administración Pública, por el mismo período.

Artículo 46: A los efectos de la gradación de las multas a imponer a los sujetos de aplicación, la SUNDDE, tomará en cuenta las siguientes circunstancias. Se considerarán circunstancias atenuantes de la multa a imponer, las siguientes:

1. El reconocimiento de la comisión del ilícito administrativo en el decurso del procedimiento de inspección o fiscalización o el procedimiento administrativo sancionatorio.

2. La iniciativa del sujeto de aplicación de subsanar el ilícito administrativo cometido.

3. El suministro de información relevante sobre la materialización de otros ilícitos vinculados o no al sujeto de aplicación.

4. Los bajos niveles de ingreso del infractor.

Se considerarán circunstancias agravantes de la multa a imponer, las siguientes:

1. La reincidencia en la comisión del ilícitos administrativo.

2. La magnitud del daño causado a la población que accede a los bienes o servicios.

3. El número de personas afectadas por la comisión del ilícito administrativo.

4. La obstaculización a las actuaciones de las autoridades competentes en el ejercicio de sus atribuciones.

5. Los altos niveles de ingreso del infractor.

Artículo 51: De conformidad con el artículo 114 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, quienes vendan bienes o presten servicios a precios superiores a los fijados o determinados por la SUNDDE, serán sancionados por vía judicial con prisión de ocho (08) a diez (10) años.

Igualmente serán sancionados con ocupación temporal del almacén, depósito, unidad productiva o establecimiento, hasta por ciento ochenta (180) días, más multa de un mil (1.000) a cincuenta mil (50.000) Unidades Tributarias.

La misma sanción será aplicable a quienes vendan bienes o presten servicios a precios superiores a los que hubieren informado a la SUNDDE.

La reincidencia en la infracción establecida en el presente artículo será sancionada con la clausura de los almacenes, depósitos o establecimientos del sujeto Infractor, así como la suspensión del RUPDAE, en los términos previstos en la presente Ley y su Reglamento.

Artículo 60 Usura: Quien por medio de un acuerdo o convenio, cualquiera que sea la forma utilizada para hacer constar la operación, ocultarla o disminuirla, obtenga para sí o para un tercero, directa o indirectamente, una prestación que implique una ventaja notoriamente desproporcionada a la contraprestación que por su parte realiza, incurrirá en delito de usura y será sancionado con prisión de cuatro (04) a seis (6) años. A los propietarios de locales comerciales que fijen cánones de arrendamiento superiores a los límites establecidos por la SUNDDE, así como otras erogaciones no autorizadas, que violenten el principio de proporcionalidad y equilibrio entre las partes contratantes, se le aplicará la pena contemplada en este artículo, así como la reducción del canon de arrendamiento y eliminación de otras erogaciones, a los límites establecidos por la SUNDDE.

En la misma pena incurrirá quien en operaciones de crédito o financiamiento, obtenga a título de intereses, comisiones o recargos de servicio, una cantidad por encima de las tasas máximas respectivas fijadas o permitidas por el Banco Central de Venezuela.

Adicionalmente la SUNDDE podrá imponer la sanción de suspensión del Registro Único, en los términos previstos en la presente Ley y desarrollados en su reglamento.

Artículo 5 divisas: Las divisas que sean asignadas por parte de la autoridad competente en el marco del régimen de administración de divisas, serán estrictamente supervisadas y controladas a fin de garantizar se cumpla el objeto y uso para el cual fueron solicitadas y otorgadas.

Artículo 6 : A quien se le otorgue divisas para cualesquiera de las actividades económicas señaladas en la presente ley, deberá suscribir un contrato de fiel cumplimiento, que contendrá la obligación de cumplir estrictamente con el objeto y uso para el cual fueron solicitadas, así como las consecuencias en caso de incumplimiento.

Los bienes adquiridos o producidos con divisas otorgadas por la República, deberán ser identificados mediante etiqueta, que permita informar al consumidor sobre la procedencia de las divisas.

La Superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, Andreína Tarazón, indicó este lunes que en la primera providencia que publicará su despacho se definirán los elementos de la estructura de costos de quienes ejerzan actividades económicas en el país, en función de la cual se definirán el margen de ganancia y los precios justos de los bienes y servicios en el país.

La Ley Orgánica de Costos, Ganancias y Precios Justos indica que la ganancia de empresas, comercios y industrias no podrá exceder 30%, en función de la estructura de costos de cada una. Además, se podrán determinar márgenes por sector, rubro, espacio geográfico, canal de comercialización, actividad económica u otros conceptos.

Explicó que por rubro y sector "puede haber un tope menor (a 30%), de acuerdo con la estructura de costos".

"La Ley establece que este tipo de medidas se irá tomando progresivamente, de manera que la primera providencia administrativa que va a publicar la Superintendencia, esperamos que en las próximas horas, va a ser para clarificar qué entiende la Superintendencia como estructura de costos", explicó.

La Superintendencia publicará progresivamente las providencias por cada uno de los sectores, en función de su carácter prioritario para el pueblo.

Mientras tanto, el margen máximo de ganancia que cada empresa puede obtener es ese 30% y se mantienen los precios fijados por el Ejecutivo durante las inspecciones que efectuó en noviembre pasado para enfrentar la especulación que caracterizó la guerra económica de la derecha contra la Revolución.

En 2013 muchos comercios fueron fiscalizados para acabar contra la especulación y la usura. Para algunos economistas generó inflación y ese tipo de medidas ahuyentan la inversión en Venezuela. Aunque con la aplicación de esta medida el gobierno buscaría promover la inversión.

 

 

 

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